El derecho a la prueba en un proceso judicial es un derecho fundamental, cuyo contenido esencial es la posibilidad de utilizar todos los medios posibles para convencer al Juez sobre la verdad del interés que se persigue.
Es un instrumento de la persona, por lo que no puede entrar en conflicto con los demás derechos fundamentales. Por tanto, las pruebas deben de obtenerse de manera lícita.
La importancia de este derecho estriba en la conexión entre la actividad que se desarrolla en el proceso judicial y el derecho material. Las partes en el proceso persiguen un interés material, una declaración del Juez, y para ello deben probar los hechos en que se funda su pretensión.
Por eso es importante conseguir aportar y practicar durante el proceso todas las pruebas necesarias para demostrar los hechos que se alegan.
El Juez actúa como filtro para denegar pruebas innecesarias u obtenidas ilícitamente, y al propio tiempo, es quien finalmente debe valorar las pruebas que se hayan practicado durante el juicio.
A los hechos que estime probados, el Juez les aplicará el Derecho. Es el clásico aforismo “dame los hechos, y yo te daré el Derecho”.
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